"Los militares son ciudadanos que trabajan de militares"

Del dicho al hecho se acortó el trecho... (y era hora...)

SE ELIMINARA EL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE DEFINIRA OTRO REGIMEN DISCIPLINARIO

En camino a ser ciudadanos de uniforme

El anteproyecto de un nuevo sistema que derogue la pena de muerte, someta a los uniformados a la Justicia ordinaria y regule otro régimen de sanciones y de delitos en tiempos de guerra fue entregado ayer por la ministra de Defensa, Nilda Garré, a las Fuerzas Armadas. Argentina se comprometió ante la CIDH a replantear la Justicia militar.

Por Nora Veiras

La eliminación del Código de Justicia Militar que implica la desaparición en el ordenamiento jurídico argentino de la pena de muerte y la supresión de un virtual fuero castrense son dos de los ejes del anteproyecto de reforma del sistema de Justicia que le entregó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, la comisión ad hoc creada en marzo pasado. Ayer recibieron el borrador los jefes de las tres Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. Se prevé que en octubre, el Ejecutivo enviará al Congreso los proyectos de ley para hacer operativo el nuevo sistema, que reubicará a los uniformados en el mismo escalón que el resto de los iudadanos. De esa forma, cumplirá con el compromiso de “solución amistosa” del conflicto planteado contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por dos militares a quienes no se les garantizó el derecho a defensa.

La derogación del Código de Justicia Militar vigente es la primera medida que se tendrá que tomar para poner en práctica el nuevo sistema. En simultáneo se propone la modificación del Código Penal, de forma tal que toda decisión del ámbito militar pueda ser revisada por la Justicia Civil. En 1984, el ex presidente Raúl Alfonsín dispuso como excepcionalidad que los fallos castrenses puedan ser apelados ante la Justicia Federal por la reticencia de los uniformados a procesar a los responsables del terrorismo de Estado. En el 2000, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) tuvo la audacia de declararse competente en la causa abierta por el robo de bebés, decisión que no prosperó por el rechazo de la Cámara de Casación. Hoy en día, los represores –entre ellos Luciano Benjamín Menéndez y Miguel Etchecolatz– suelen negarse a declarar y reclaman la jurisdicción militar. La posibilidad de esbozar ese argumento caerá, de hecho, con la reforma propuesta.
El 6 de marzo pasado, Defensa convocó para elaborar el proyecto al ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en su rol de presidente del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA); al director del Inecip, Alberto Binder; a la jueza Mirta López González, de la Asociación de Mujeres Jueces; a Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; a Diego Frydman, del Cippec; a Gabriel Valladares, de la Cruz Roja; al contraalmirante José O’Reilly, auditor general de las Fuerzas Armadas; y al coronel auditor Manuel Lozano. Durante cuatro meses, los especialistas trabajaron en tres subcomisiones: una analizó cómo incorporar al Código Penal los delitos de tipo militar, otra se ocupó de elaborar un régimen disciplinario que regule el comportamiento dentro de las Fuerzas Armadas y otra elaboró un sistema de normas sobre la actividad militar en tiempos de guerra y en las misiones de paz.
En quince días, las Fuerzas Armadas tendrán que elevar a Defensa sus observaciones sobre el proyecto. También será sometido a consideración de los departamentos de Derecho Penal y Derecho Público de las universidades nacionales; departamentos de Ciencia Política y organizaciones de la sociedad civil. Una vez concluido el proceso se elevarán tres proyectos de ley:

- De modificación del Código Penal.

- De creación de un nuevo Régimen Disciplinario.

- De regulación de delitos en tiempo de guerra.

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